La oIniquidad

Oleada de indignación y rechazo que ha generado en la opinión pública la decisión de los jueces de la Cámara de Cuentas de aumentarse sus salarios a más RD$500 mil al mes -cinco veces mas que el Presidente de la República y muchísimo mas que los jueces de la Suprema Corte de Justicia o los senadores que los nombraron en sus cargos- empieza a minar el ánimo de sus perpetradores, por lo menos el de su presidente, el licenciado Andrés Terrero, quien ayer dio muestras de arrepentimiento y de estar dispuesto a convocar al pleno del organismo para conocer la revocación de la controversial resolución.

Terrero dice estar consciente de que ese aumento es "ilegal, inoportuno y desproporcionado", pero también reconoce que al momento de reunirse el pleno, en febrero de este año, votó por la iniquidad de aumentarse a sí mismos los sueldos, que según el presidente de la Cámara de Cuentas solo pretende evitar que sus miembros se vean tentados por las insidias de la corrupción.

Severidad

La única manera efectiva de contener el robo de celulares, responsable de la pérdida de vidas jóvenes y valiosas, es desestimular su "blanqueo" o activación clandestina, y eso solo puede conseguirse mejorando los sistemas de supervisión de los negocios que, a todo lo largo y ancho del país, se dedican a su venta, y mas que nada castigando con severidad a quienes se presten a servir de cómplices, porque de eso se trata, de los ladrones. Eso supone, desde luego, un gran desafío para la institución responsable de esa supervisión, en este caso el INDOTEL, de lo que deben estar conscientes quienes lo dirigen. Durante el fin de semama esa institución dispuso el cierre temporal de varios negocios que pudo comprobar se dedicaban al "blanqueo" y activación de celulares robados, a los que incautó las computadoras que utilizaban para cometer el delito así como una indeterminada cantidad de celulares en exhibición. El cierre temporal de esos negocios, así como la incautación de lo que podría llamarse, con toda propiedad, "cuerpos del delito", parece un buen disuasivo para los eventuales infractores de la Ley General de Telecomunicaciones, pero solo si va acompañada de la advertencia de que, en caso de reincidencia, ese cierre será definitivo.