No podemos seguir como vamos. Es urgente definir los senderos convenientes para avanzar en dirección de hacer realidad la patria que el pueblo requiere y pacientemente espera. Y entre las novedades que necesitamos, por su trascendencia, es un Tribunal de Garantía Constitucionales. La revocación de mandato para todos los niveles de funcionarios públicos electivos.

Y la figura del Plebiscito.

Una Dirección para la protección de la Constitución -DPC-. Una institución enfocada en coleccionar información sobre violaciones constitucionales para activar los debidos resortes de la justicia.

Especie de defensor publico constitucional.

Única manera de erradicar el monstruo de la corrupción. Necesitamos hacer realidad un país, donde la protección del ciudadano tenga la misma jerarquía que la seguridad del estado.

Donde se establezcan reglas estrictas sobre el almacenamiento de dato de las personas.

Donde el ciudadano pueda solicitar de estas empresas, los datos sobre su persona. Y pueda exigir la corrección de datos falsos, el bloqueo de los que sean discutibles y la eliminación de todos los que fueran obtenidos ilegalmente.

Ya es hora de crear una especie de Policía Especial Fronteriza, para vigilar la frontera, controlar en transito fronterizo, la seguridad y el orden publico en su área. ¡No más ilegales indocumentados! Por el país, sobre todo para la formación de nuestros jóvenes y por la reducción de presupuesto militar, sería conveniente la existencia de un servicio militar obligatorio.

Y quien por alguna razón se niegue, tenga la opción de prestar un verdadero servicio civil compensatorio en instituciones sociales; en los Hospitales, reforestando, alfabetizando etc.

El país realmente lo necesita. Ya es tiempo de armonizar perfectamente la vida militar con los principios democráticos. Un soldado no debe ser otra cosa que, un ciudadano en uniforme. De manera que el hecho de que sea soldado, no debe dejar de ser un ciudadano con todos sus derechos constitucionales.

La condición básica para el funcionamiento del mecanismo del mercado es la competencia.

Tenemos que crear mecanismos funcionales que eviten acuerdos y convenios privados que influyan sobre el mercado, limitando la competencia.

Y como la fuerza motriz de la economía capitalista es el afán de ganancia, por razones sociales hay que excluir la agricultura y el transporte. Debe funcionar la libertad salarial.

De manera que los salarios, el numero de hora de trabajo, duración de las vacaciones y las condiciones generales de trabajo sean negociadas libremente entre la parte patronal y la parte sindical. Para lo que debe analizarse la conveniencia de la creación por ley de los sindicatos unitarios. Sindicatos que representen a los trabajadores de toda una rama y que sean neutrales con respeto a los partidos políticos.

Seria interesante la creación de un Consejo de Expertos, que podría estar conformado por los decanos de Economía de nuestras universidades.

Cuyas funciones serian preparar al inicio de cada año un informe de la situación económica general del país. Con miras a facilitar las correspondientes decisiones de las autoridades.

De manera que el estado no sea la única instancia encargada de la realización de estos objetivos. Pues todos los actores sociales tienen que estar comprometidos con asegurar; estabilidad de precios, alto nivel de empleo, equilibrio de la balanza de pago y un adecuado crecimiento económico.

Que la presentación de memorias del poder ejecutivo ante el Congreso nacional, no sea más un escenario politiquero, sino para hacer exposición de los objetivos económicos y financieros par el año que se inicia y de la política económica que se propone seguir. Que cada Municipio tenga su constitución municipal.

Y cada gobierno municipal administre los asuntos locales; medios de transporte, construcción de calles, abastecimiento de electricidad, agua, administración de escuelas, hospitales, atención a los jóvenes, etc.

Así impulsaríamos la debida y necesaria descentralización del estado. Que la administración municipal este sometida a controles jurídicos por parte del estado y cada municipio determine la funcionabilidad de sus acciones. Y, que los empleados públicos, después de haber prestado 15 años de servicios y cumplido los 40 años de edad, por Dios, no puedan ser cancelados por cambio de partido de gobierno.

De manera que sean inamovibles. Salvo, claro esta, fragante delito.

El autor es Escritor y Politicomilton.olivo@gmail.com

Autor:

Milton Olivo