Cerca de medio centenar de policías ha sido liberado este martes por los pobladores de la región peruana de Moquegua, que los retenía desde el lunes en medio de protestas por el reparto del canon minero. Los policías, comandados por el jefe de la región, el general Alberto Jordán, abandonaron una iglesia donde permanecieron desde la tarde del lunes y fueron trasladados hasta el aeropuerto de la localidad.

Moquegua, ubicada a 1.200 kilómetros al sur de Lima, permanece paralizada y en pie de guerra desde hace más de una semana debido a que sus pobladores, apoyados por autoridades locales, demandan un cambio en la distribución del canon que pagan las empresas mineras a las regiones donde operan.

Dos grandes minas de cobre, Toquepala y Cuajone, se ubican en el sur peruano y son operadas por la misma empresa: Southern Perú Copper Corporation. Cuajone, la más productiva, se ubica en Moquegua, pero a esta región le corresponde menos ingresos por canon que a la vecina Tacna, donde se ubica Toquepala, debido a que en esta última la operación minera demanda mayor movimiento de tierras. La ley peruana establece que el material removido, y no el mineral obtenido, es el factor a considerar para calcular el canon.

Una comisión de autoridades moqueguanas, encabezadas por el presidente regional, Jaime Rodríguez, se encuentra en Lima y ayer sostuvo una nueva reunión con altos representantes del gobierno.

Mientras se exploran posibles soluciones, la situación ha seguido empeorando en el sur. Tacna, localidad fronteriza con Chile, lleva la peor parte; los piquetes mantienen aislada la carretera Panamericana del resto del país. Los efectos del desabastecimiento, sobre todo del combustible, ya se empiezan a sentir.

La crisis empeoró el lunes, cuando un destacamento policial intentó romper el bloqueo de un puente utilizando gases lacrimógenos. Los piqueteros, muy superiores en número —más de mil, según un comunicado de la policía—, resistieron y terminaron tomando prisioneros a sesenta agentes, entre ellos al general Jordán, a quien obligaron a pedir disculpas a la población.

Los huelguistas han exigido que se confirme que no se ha detenido a ningún manifestante en Moquegua, algo a lo que la policía ha accedido, como condición previa a futuras liberaciones. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ha señalado que las conversaciones no irán a más hasta que todos los policías sean liberados y los huelguistas levanten los bloqueos en las carreteras. La fiscalía, por su parte, ha adelantado que los manifestantes que retienen a los policías pueden ser denunciados por secuestro.

Hasta el momento, el conflicto ha dejado 100 personas heridas, entre policías y civiles, según informó ayer el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca.

Los mineros de la Southern Corporation se unieron a la huelga y salieron a protestar por las calles de Moquegua, una ciudad que, a estas alturas, también está empezando a sentir escasez de alimentos.

"Queremos que esto se resuelva en paz", declaró ayer el ministro de la Defensa, Ántero Flores-Aráoz, quien descartó que el Gobierno vaya a enviar tropas a la zona para restablecer el orden.