El fenómeno migratorio que en el pasado fue la base fundamental en la colonización del tercer mundo y del aspecto cultural propio en los pueblos americanos, hoy representa un tema de importancia en todas las naciones del mundo que han observado los efectos negativos de índole social, político y económico que conlleva, viéndose en la obligación de endurecer sus controles fronterizos y regular la condición de los indocumentados e hijos nacidos en su territorio.

Como consecuencia de las duras medidas implementadas en esos países, son repatriados cada año centenares de dominicanos mayormente desde los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, capturados tratando de ingresar en frágiles embarcaciones a sus costas; y otros miles retornan deportados tras cumplir condenas impuestas por la comisión de diversos crímenes y delitos, que la sociedad dominicana percibe como un factor importante del incremento al clima de violencia que afecta la seguridad ciudadana.

Resulta contradictorio que la comunidad internacional advierte en la problemática migratoria un escenario dañino para sus economías; sin embargo, le restan importancia a los efectos similares que ocasiona al pueblo dominicano la inmigración haitiana, permitiendo que algunas naciones interfieran en toda iniciativa local que promueva el fortalecimiento de sus controles fronterizos, siguiendo el modelo aplicado por los demás países; y el apoyo otorgado a varias agrupaciones dominico-haitianas que dirigen una campaña de descrédito internacional basada en argumentos descabellados, como la existencia de discriminación racial en nuestro país contra el pueblo haitiano.

Lo grave del asunto no es que se cuestione la capacidad jurídica de la República Dominicana de demostrar por la vía diplomática la falsedad de esas acusaciones, sino que tenga que enfrentarse a naciones que han aceptado el compromiso de respetar la soberanía de los estados que participan junto al país en diversas organizaciones y tratados internacionales, y que la historia considera carentes de las condiciones morales indispensables para ventilar un proceso racial contra el gobierno dominicano, en razón del genocidio cometido por ellos contra la raza indígena y la importación masiva de esclavos africanos como mano de obra sustituta en las colonias americanas.

Por el contrario, el gobierno dominicano saldría airoso de someterse al escrutinio de la Historia, puesto que desde la Constitución del 1844 se manifiesta la vocación de respeto a la soberanía de los pueblos, mediante el reconocimiento al límite fronterizo que los propios haitianos habían establecido en el año 1793, sin la existencia de tratado alguno que lo acordase; así como el respeto a los derechos individuales al reconocer la nacionalidad dominicana no sólo a los nacidos en el país, sino también por el “jus soli” y “jus sanguinis” como de hecho ha permanecido con algunas variantes en las demás constituciones y siempre apartadas de toda clase de disposiciones arbitrarias o racistas.

Vale la pena señalar que las características liberales que ha exhibido el pensamiento político de los dominicanos es difícil encontrarlas en las constituciones haitianas, cargadas de matices racistas desde el año 1804 que lograron independizarse de Francia, negaban el derecho a los “blancos” de poseer propiedades dentro de su territorio, hasta que fue suprimida en el año 1918 durante la intervención norteamericana; y la del año 1816 que rigió durante los 22 años de ocupación haitiana en nuestro territorio, que sólo reconocía la nacionalidad haitiana a los negros africanos, los indios iberoamericanos y a los “blancos”” que formaran parte del ejército u ocuparan funciones públicas.

Juntamente a la profunda indignación que siente el pueblo dominicano como consecuencia de este conflicto, exigimos a la llamada comunidad internacional el cese inmediato de las pretensiones anti-dominicanas de fusionar la isla en una sola república, emprendidas en el año 1801 por Toussaint Luverture, actuando en nombre del gobierno francés. Y que se valoren con justicia las virtudes de un pueblo que rindió con agrado los honores correspondientes como jefe de Estado al doctor René García Preval en su reciente visita al país, sin que haya sido tomada en cuenta la violenta protesta contra el presidente Leonel Fernández, ocurrida el año pasado en Haití, que sabemos obedeció, obviamente, a circunstancias externas.