Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana, UNA ½ ISLA EN EL CARIBE, INVADIDA PACIFICAMENTE, Abril 2008 (PID).-  Empresarios de Santiago denunciaron hoy que la falta de equidad en los tribunales laborales de esa ciudad está llevando a la quiebra a ese sector y dijeron que oficinas de abogados usan "buscones" para llevar casos de conflictos laborales a la Justicia.

En visita a la redacción de El Nacional, diario de la tarde del grupo de empresario afirmó que "buscones" enviados por oficinas de abogados "compran" a empleados despedidos los derechos de reclamación de prestaciones, a fin de llevar el caso a la Justicia en que en el 90% noventa por ciento de estos los jueces fallan a favor de esas oficinas.

Los empresarios indicaron que las estadísticas demuestran que el promedio a nivel nacional es de un 60% de fallos en favor de los trabajadores.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) orientar a los magistrados para que actúen apegados a la justicia legal, sin confundirla con la justicia social.

El grupo de empresarios estuvo integrado por Fernando Capellán, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona); Aquiles Bermúdez, presidente de la Asociación de Industrias de Santiago; Limber Cruz, ejecutivo del Grupo M; Iván Reynoso, José M. Torres y Aníbal Capellán.

Explicaron los empresarios que con la reducción de las zonas francas, que dijeron ha sido diezmada, los abogados y buscones de casos laborales cambiaron de escenario y ahora actúan desde medianas y pequeñas empresas.

Insistieron en que los jueces son los responsables del problema que se está presentando, porque se olvidan de las partes jurídicas en las audiencias y piensan más en lo social.

"Un litigio laboral no se puede dirimir pensando en que se trata de un empresario y un trabajador. De una persona que tiene dinero y otra que no tiene. Hay que actuar acorde con el mandato de las leyes", expuso el empresario Fernando Capellán.

Sostuvo que cada vez que una empresa es condenada al pago de prestaciones por encima de su capacidad real la obligan a despedir a otros trabajadores para equilibrar económicamente.

Los empresarios aseguraron que en los últimos años se han perdido 60 mil puestos de trabajo en zonas francas, por lo que estimó  en mil millones de pesos mensuales el dinero dejado de circular en varios municipios del Cibao.

Dijeron que la red de buscones y abogados termina quedándose con la mayor parte de las prestaciones de los trabajadores, cuando éstos ganan casos en los tribunales.

Expresaron que hace un tiempo lograron la aprobación de una Ley de Pasivo Laboral, pero que esta fue declarada inconstitucional por la SCJ.

Advirtieron que el caso es grave porque ese sector tiene en sus nóminas más de 200 mil trabajadores, en empresas ligadas a las zonas francas y exportaciones.
"Es evidente que los buscones carnetizados se han situado por encima de la ley, ocasionando un deterioro del estado de derecho y de la seguridad jurídica, lo cual está afectando el clima de negocios, así como la estabilidad económica y social", expresaron a través de un comunicado publicado en la edición de la fecha de este diario.

Además de los empresarios, el documento lo firman la Asociación de Abogados de Santiago, el Colegio de Abogados de Santiago, y la Asociación para el Desarrollo.

"Por ello nuestras instituciones apelan a las autoridades, para que se aboquen a aplicar los correctivos correspondientes con la brevedad que el caso amerita, en beneficio de la paz laboral y por ende de los propios trabajadores, los empleadores, así como del desarrollo del país", expresa el documento.

Los empresarios recordaron que el pasado año ese sector firmó un acuerdo con los representantes de los trabajadores a fin de preservar los empleos existentes en el sector zona franca.

Destacaron entre los acuerdos el referente a gestionar la adecuación de las normativas laborales de manera que puedan promover un mayor respeto a los convenios internacionales del trabajo, así como una mayor generación de empleos.

Expresaron que en esa ocasión hubo consenso para aprobar la Ley de Pasivo Laboral que ponía fin a la práctica de liquidar cada año al personal de zonas francas.

La semana pasada el grupo informó del problema, a través de un documento, al presidente de la SCJ, al procurador general de la República, licenciado Radhamés Jiménez y al secretario de Trabajo, licenciado José Ramón Fadul.

En el documento a estos funcionarios los empresarios denunciaron que los "buscones" pululan en la segunda planta del edificio denominado El Huacalito de Santiago, y ofrecen comprar los casos a los trabajadores que acuden a las oficinas de la Secretaría de Trabajo que funcionan allí.

"Ofertan comprarles sus casos, cual mercancía que se vende al mejor postor, con la finalidad de darles viso de legalidad a las posteriores acciones y chantaje de todo tipo", expresaron.